Los pibes

El debate de la inseguridad (si es que existe como tal) es pobre de por sí como eje de campaña. Una sociedad progresista debería reclamar a sus dirigentes el debate sobre las causas de la inseguridad y no solamente exigir supuestas soluciones que la condenen a correr eternamente atrás de las consecuencias. En este escenario, el clamor por la mano dura con los menores ha instalado un discurso único que imputa a niños de 11 años todos los males de este país. Dos notas para romper (la primera, de la presidenta de la comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Adrian a Puiggrós, y la otra, de un servidor) y la invitación al debate. Las dos, publicadas en diario Diagonales. Ahí van.


Víctimas y victimarios

Durante el gobierno de Néstor Kirchner se derogó la ley de Patronato para comenzar el proceso que concluyó con la promulgación de una ley de protección integral de niños/as y adolescentes. Hoy, y no a partir del desgraciado caso Capristo, se abordan en el Congreso proyectos de ley de Régimen Penal Juvenil que centran el tema en el menor como sujeto de derecho, y no en la baja de la edad de imputabilidad.
Están quienes sostienen que es necesario ejercer sobre los menores que delinquen políticas de control más contundentes, una "solución" y reducción de la cuestión que sólo llevaría a encerrar el "futuro" pero no a resolver la cuestión. Es necesario tener presente que cuando un niño/a y adolescente está involucrado en una situación de violencia, de delincuencia, lo que está demostrando no es el fracaso de ellos como sujetos sociales, sino está demostrando el fracaso del mundo adulto que no supo contenerlo, darle oportunidades y cuidarlo por sobre todas las cosas.
Hay una tendencia a ligar el tema de la inseguridad, de la violencia, a los chicos. No cabe duda de que una sola situación ilegal en la cual esté involucrado un menor requiere una atención prioritaria, pero la culpabilización de los más chicos sirve a la victimización de esa sociedad adulta que es abandónica y de esto no hay rastro en los relatos que hacen los medios de comunicación masiva, como tampoco lo hay con respecto a los derechos de los niños/as y adolescentes que reconocen los tratados internacionales a los que la Argentina adhiere. El problema de la inseguridad no se lo puede ligar a los menores, en todo caso es una cuestión de los adultos.
En este sentido, no resolverá la cuestión el solo hecho de aprobar una ley, es necesario que la sociedad en su conjunto acompañe también las políticas públicas al respecto haciéndose cargo de la responsabilidad que le compete. Cuando un chico tiene un arma en la mano, es porque hubo un adulto que la puso en sus manos. Por otro lado, es necesario que haya un debido proceso cuando un menor comete un delito, pero también es urgente darle oportunidades de integración. Por ello, ¿qué mejor que reforzar las políticas socio-educativas como aporte y base sustentable de las políticas que contemplen la integración del menor?
Es necesario reenfocar a los niños y adolescentes que delinquen como parte del conjunto de la sociedad. La Ley 26.061 requiere ser complementada por una ley penal juvenil acorde a sus principios. Es por eso que es urgente realizar acciones de distinto nivel: legislativas, políticas, pedagógicas, sociales. Un chico que no está en la escuela en algún lado está. Es necesario, entonces, ir a buscarlo, garantizarle sus derechos sociales al acceso a la educación, uno de los ámbitos más propicios para promover la igualdad de oportunidades.
Se debe garantizar a los niños y adolescentes su permanencia en la escuela con medidas que faciliten el transporte, con becas, con mejoras en las condiciones, tanto materiales como pedagógicas, de enseñanza y de aprendizaje. Hay que poner un esfuerzo grande en la acreditación y el reconocimiento de saberes para el mundo del trabajo, la continuidad de estudios superiores y el deporte, superando los programas limitados para alcanzar propuestas masivas. No hay que temer convocarlos para tareas sociales de amplio alcance, como el cuidado del medio ambiente, la alfabetización y el combate contra las adicciones.

Irrecuperables las pelotas

La conmoción por el crimen de Daniel Capristo volvió a hacer tronar el reclamo de mano dura, durísima con los menores. Ahora, la sentencia popular (rubricada con ligereza espeluznante por muchos "comunicadores") llega al extremo de colocar a los chicos que cometen delitos graves en la categoría de enemigos públicos de por vida. Juicio sumarísimo y veredicto inapelable: "Estos pibes son irrecuperables".
Según esta conclusión, a los 11, 12, 13 o 14 años un chico puede ser considerado material de rezago, de descarte. No hay caso: no va a andar. Está quemado. No hay posibilidad de revertir un proceso que lo ha convertido en la encarnación más abominable del famoso inadaptado social. Y el Estado debe renunciar a su expectativa de devolverlo al camino virtuoso del desarrollo como individuo social; de devolverle la expectativa de tener una vida normal. En rigor, de crearle esa ilusión, porque difícilmente la haya tenido alguna vez un pibe que se droga desde los seis y mata a los 14. El Estado, se pide a gritos ahora, debe abstenerse de gastar pólvora en chimangos. Y debe despojar a estas lacras, in limine, de sus derechos esenciales como ciudadanos y, fundamentalmente, según dictan los pactos internacionales, como niños. Establece la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada en 1989 por la ONU, ratificada por el Congreso argentino en 1990 e incorporada a la Constitución Nacional en 1994: "El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensando todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente de forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a la que se atenderá será el interés superior del niño."
Pero no. "Que los encierren", se reclama a gritos. Sin más. ¿Para qué? Para que no estén sueltos, simplemente. Porque, otra vez: "Estos pibes son irrecuperables".
Ahora bien: si efectivamente son irrecuperables, ¿para qué mantenerlos vivos? ¿Para qué gastar pólvora en chimangos? ¿Por qué no destinar esa guita a la gente decente? Habría que matarlos y ya. Si están quemados. ¿Por qué no agregar la pena de muerte infanto-juvenil a la legislación penal?
Irrecuperables las pelotas.
No lo dice así, pero piensa esto el ministro de Desarrollo Social de la Provincia, Carlos Arroyo. “Ningún chico es irrecuperable”, sostiene, y compromete a la sociedad en su conjunto en la tarea de rescatarlos (N. del R: la edición de Diagonales que contuvo esta nota ofreció, además, una entrevista a Arroyo).
Por su parte, el juez platense Ernesto Domenech, que ha dedicado muchos años de estudio a la problemática de la minoridad, advierte, de arranque, que "las afirmaciones genéricas no ayudan, porque cada chico es una singularidad que debe ser atendida". Y propone un ejercicio: "Habría que preguntarse qué ha sucedido con el Estado para que esa situación (que un menor mate a balazos a otra persona) haya sucedido; qué es lo que el Estado no hizo bien o dejó de hacer." El magistrado no cree que haya que salir corriendo a cambiar las leyes, sino que, primero, hay que hacer las cosas bien (mejor) en el marco normativo existente. "El problema es que no ha habido una política sostenida en nada. Y se intenta recurrir a respuestas que no solucionan nada. Una ley nueva, por ejemplo, pero ¿qué hacemos con la ley? ¿Hemos pensado qué es lo que podemos hacer mejor con la legislación que hay? Una comunidad no puede partir de que la culpa es de un tercero abstracto, como una ley. ¿No podemos repasar nosotros cuáles han sido nuestras equivocaciones? Una legislación aun defectuosa puede ser aplicada de manera correcta con resultados positivos, cosa que no ocurre cuando se culpa a la ley sin hacer nada. En una democracia, las reglas son importantes, pero más importante es lo que hacemos con ellas", plantea Domenech.
Frente a la dramática realidad de chicos sumergidos en la marginalidad y en la violencia criminal, no se promueve la elaboración de un plan nacional de emergencia que construya una red social y educativa de contención que se proponga recuperar a los pibes en riesgo y reconvertirlos en actores sociales sanos. No. El pánico a que la opinión pública le levante el banderín y la declare en off side -y mucho más en tiempos electorales- empuja a la clase dirigente a promover la salida más fácil: hay que bajar la edad de imputabilidad para poder encerrar a los malitos y que dejen de matar a los buenos.
¿Por qué el esfuerzo se concentra siempre en políticas represivas y no en políticas reparadoras de la matriz social desintegrada? ¿Una sociedad progresista no debería llamarse a un gran acuerdo nacional a favor de la niñez en riesgo? ¿No debería rebanarse los sesos pensando cómo optimizar recursos para poner en marcha un programa extraordinario y urgente de reconstrucción social que saque a los chicos de la calle? ¿La Nación, las provincias y los municipios no deberían fijarse ese objetivo como prioridad y trabajar a destajo hasta alcanzarlo en el menor tiempo posible, sin esperar que políticas de largo plazo surtan efecto sino generando un shock de inversión, un gigantesco operativo de recuperación de cada pibe que está en peligro y pone en peligro a terceros? ¿Hay algo más importante que hacer? ¿No debería proponerse salvar a los chicos de su propio destino y, así, al mismo tiempo, salvar a sus próximas víctimas? ¿O debería dejar morir una generación en el encierro? ¿Debería resignarse a apilar muertos sobre muertos?