Un tipo en un auto. Un tipo en un auto en el centro de La Plata. Un tipo en un auto en el centro de La Plata ayer a las 7.38 de la mañana. Datos relativos. Las coordenadas de tiempo y de lugar son datos relativos. El tiempo y el espacio son convenciones caprichosas. El tipo está sentado en su auto a las 7.38 de la mañana en el centro de La Plata, pero está también en Moldavia al mediodía, en Madrid a la noche de un día del que no tiene la más perra referencia, en el Monumental a la tarde-noche del domingo pasado, según sabe después de haber estado ayer en su auto en el centro de La Plata a las 7.38 de la mañana. En tantos lados, a tantas horas.
Por la vereda pasa gente caminando rápido como si fuera tarde para algo, como si estuviera llegando tarde porque todo ya empezó. Pero los negocios no abren. Ninguno abre todavía. Y el Registro de la Propiedad Automotor tampoco. El tipo del auto espera que abra el Registro, que no abre todavía.
El tipo está en el auto en el centro de La Plata a las 7.38 de la mañana, con unos 10 grados de temperatura del otro lado de las ventanillas. Pero está también en Moldavia, la más mínima de las ex provincias soviéticas, en el otro culo del mundo, con 15 grados bajo cero del otro lado de la ventana de una casa de chicas escapadas de los traficantes de chicas, hace quién sabe cuánto. Está atrapado, el tipo, en la historia que una rubia de granos con un ojo de vidrio le cuenta a Martín Caparrós. Una historia que lleva al autor de Una luna y al tipo del auto a un tiempo que no es ése, sino varios otros en los que la chica fue esclava sexual de hombres ásperos que le dieron para que tenga. Le pegaron todos, a Natalia (la de los granos y el ojo de vidrio): el padre y los hermanos que la usaban de mucama, el marido que la vendió embarazada a unos proxenetas, los proxenetas mayoristas que la vendieron a cafiolos minoristas dueños de burdeles, los clientes de los burdeles, el cliente de un burdel que se la llevó a su casa para protegerla de los otros, pero no de él, que también la cagó a palos, los matones de los dueños de los burdeles que la persiguieron cuando se escapó y la corrieron con el auto y la atropellaron y la dejaron tirada creyendo que estaba muerta pero estaba en coma. Tremenda historia de golpizas, violaciones y callejones sin salida, la de Natalia, que se replica por decenas en la casa de las refugiadas.
El tipo levanta la vista y está en la calle ancha del centro de La Plata que tiene pinta de domingo porque nadie estaciona sobre sus cordones –acaso por efecto de los carteles anaranjados, que son como espantapájaros–, mientras los autos se apiñan en las calles de a la vuelta –acaso por la ausencia de los espantapájaros– y dibujan una postal de día hábil y hora pico. Pero los negocios no abren. Ninguno abre todavía. Y tampoco el Registro de la Propiedad Automotor. ¿Qué día será? ¿Qué hora será?
El tipo está en el auto en el centro de La Plata a las 7.38 de la mañana, pero Roberto pone una de Pink Floyd y cuenta de cuando los vio en Madrid y el tipo se va con Roberto a Madrid. Y le pega una de Los Tipitos en la previa del show de Oasis en River, el domingo pasado, y el tipo se sienta en el pasto cubierto de paneles plásticos en el campo de juego del Monumental.
Pero está en Moldavia, en el jardín botánico de Kishinau, la capital moldava, donde Alexandrina, una lugareña, lo empuja a Caparrós a otro momento, más adelante, para que se imagine las magnolias que ahora son unos arbolitos raquíticos.
No sabés lo lindas que son esas flores, cuenta el escritor que le dice Alexandrina.
Sí que lo sé: magnolias, escribe Caparrós como respondiéndole a Alexandrina. Y redondea: El arbolito no es lo que es sino lo que será: lo que debe ser dentro de un tiempo, cuando el tiempo cambie. Tantas décadas de cultura soviética no desaparecen en unos pocos años. En Moldavia, la vida sigue estando más allá, más adelante: en un futuro de magnolias.
De pronto, el Registro de la Propiedad Automotor abre, el tipo deja el auto y entra. Y el zapping rabioso del tiempo y el espacio se detiene. En el bolichito angosto, solamente las tres fotos de sospechosos de vaya a saber qué crimen hasta ahora perfecto, por quienes alguien ofrece recompensas de 100 lucas verdes, mueven el tiempo (el tipo hace un viaje fugaz al far west americano). En el Registro, el tiempo se empantana y no pasa. Se atasca y se hunde en una ciénaga de formularios 02 y 08, cédulas de identificación, fotocopias de primeras y segundas hojas, comprobantes que no trajo el primero de la cola que no se mueve, ni para atrás ni para adelante. En el Registro, el tiempo ya no es abstracto ni es varios: se hace único y concreto, denso, viscoso. Y eso que Yoma, que viste sus mejores galas y se nota –por sus canas– que le ha ganado la pulseada a la inmovilidad del tiempo propio del Registro, despliega sus mejores oficios. Acá te resolvemos todo; para que veas que acá somos unos fenómenos, se jacta. Y tiene razón. Al cabo, el tiempo que afuera circula veloz y nervioso, acaso sin sentido, no es más que una hora, pegajosa, soporífera, pero al fin productiva.
El tipo del auto se va convencido de que el día ya tiene como 37 horas, pero Lalo Mir pide disculpas: a esta hora, con el frío, todavía estoy medio sulfatado, dice.
¿Qué maldita hora será?
jueves, 7 de mayo de 2009
viernes, 1 de mayo de 2009
Los pibes
El debate de la inseguridad (si es que existe como tal) es pobre de por sí como eje de campaña. Una sociedad progresista debería reclamar a sus dirigentes el debate sobre las causas de la inseguridad y no solamente exigir supuestas soluciones que la condenen a correr eternamente atrás de las consecuencias. En este escenario, el clamor por la mano dura con los menores ha instalado un discurso único que imputa a niños de 11 años todos los males de este país. Dos notas para romper (la primera, de la presidenta de la comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Adrian a Puiggrós, y la otra, de un servidor) y la invitación al debate. Las dos, publicadas en diario Diagonales. Ahí van.
Víctimas y victimarios
Durante el gobierno de Néstor Kirchner se derogó la ley de Patronato para comenzar el proceso que concluyó con la promulgación de una ley de protección integral de niños/as y adolescentes. Hoy, y no a partir del desgraciado caso Capristo, se abordan en el Congreso proyectos de ley de Régimen Penal Juvenil que centran el tema en el menor como sujeto de derecho, y no en la baja de la edad de imputabilidad.
Están quienes sostienen que es necesario ejercer sobre los menores que delinquen políticas de control más contundentes, una "solución" y reducción de la cuestión que sólo llevaría a encerrar el "futuro" pero no a resolver la cuestión. Es necesario tener presente que cuando un niño/a y adolescente está involucrado en una situación de violencia, de delincuencia, lo que está demostrando no es el fracaso de ellos como sujetos sociales, sino está demostrando el fracaso del mundo adulto que no supo contenerlo, darle oportunidades y cuidarlo por sobre todas las cosas.
Hay una tendencia a ligar el tema de la inseguridad, de la violencia, a los chicos. No cabe duda de que una sola situación ilegal en la cual esté involucrado un menor requiere una atención prioritaria, pero la culpabilización de los más chicos sirve a la victimización de esa sociedad adulta que es abandónica y de esto no hay rastro en los relatos que hacen los medios de comunicación masiva, como tampoco lo hay con respecto a los derechos de los niños/as y adolescentes que reconocen los tratados internacionales a los que la Argentina adhiere. El problema de la inseguridad no se lo puede ligar a los menores, en todo caso es una cuestión de los adultos.
En este sentido, no resolverá la cuestión el solo hecho de aprobar una ley, es necesario que la sociedad en su conjunto acompañe también las políticas públicas al respecto haciéndose cargo de la responsabilidad que le compete. Cuando un chico tiene un arma en la mano, es porque hubo un adulto que la puso en sus manos. Por otro lado, es necesario que haya un debido proceso cuando un menor comete un delito, pero también es urgente darle oportunidades de integración. Por ello, ¿qué mejor que reforzar las políticas socio-educativas como aporte y base sustentable de las políticas que contemplen la integración del menor?
Es necesario reenfocar a los niños y adolescentes que delinquen como parte del conjunto de la sociedad. La Ley 26.061 requiere ser complementada por una ley penal juvenil acorde a sus principios. Es por eso que es urgente realizar acciones de distinto nivel: legislativas, políticas, pedagógicas, sociales. Un chico que no está en la escuela en algún lado está. Es necesario, entonces, ir a buscarlo, garantizarle sus derechos sociales al acceso a la educación, uno de los ámbitos más propicios para promover la igualdad de oportunidades.
Se debe garantizar a los niños y adolescentes su permanencia en la escuela con medidas que faciliten el transporte, con becas, con mejoras en las condiciones, tanto materiales como pedagógicas, de enseñanza y de aprendizaje. Hay que poner un esfuerzo grande en la acreditación y el reconocimiento de saberes para el mundo del trabajo, la continuidad de estudios superiores y el deporte, superando los programas limitados para alcanzar propuestas masivas. No hay que temer convocarlos para tareas sociales de amplio alcance, como el cuidado del medio ambiente, la alfabetización y el combate contra las adicciones.
Irrecuperables las pelotas
La conmoción por el crimen de Daniel Capristo volvió a hacer tronar el reclamo de mano dura, durísima con los menores. Ahora, la sentencia popular (rubricada con ligereza espeluznante por muchos "comunicadores") llega al extremo de colocar a los chicos que cometen delitos graves en la categoría de enemigos públicos de por vida. Juicio sumarísimo y veredicto inapelable: "Estos pibes son irrecuperables".
Según esta conclusión, a los 11, 12, 13 o 14 años un chico puede ser considerado material de rezago, de descarte. No hay caso: no va a andar. Está quemado. No hay posibilidad de revertir un proceso que lo ha convertido en la encarnación más abominable del famoso inadaptado social. Y el Estado debe renunciar a su expectativa de devolverlo al camino virtuoso del desarrollo como individuo social; de devolverle la expectativa de tener una vida normal. En rigor, de crearle esa ilusión, porque difícilmente la haya tenido alguna vez un pibe que se droga desde los seis y mata a los 14. El Estado, se pide a gritos ahora, debe abstenerse de gastar pólvora en chimangos. Y debe despojar a estas lacras, in limine, de sus derechos esenciales como ciudadanos y, fundamentalmente, según dictan los pactos internacionales, como niños. Establece la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada en 1989 por la ONU, ratificada por el Congreso argentino en 1990 e incorporada a la Constitución Nacional en 1994: "El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensando todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente de forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a la que se atenderá será el interés superior del niño."
Pero no. "Que los encierren", se reclama a gritos. Sin más. ¿Para qué? Para que no estén sueltos, simplemente. Porque, otra vez: "Estos pibes son irrecuperables".
Ahora bien: si efectivamente son irrecuperables, ¿para qué mantenerlos vivos? ¿Para qué gastar pólvora en chimangos? ¿Por qué no destinar esa guita a la gente decente? Habría que matarlos y ya. Si están quemados. ¿Por qué no agregar la pena de muerte infanto-juvenil a la legislación penal?
Irrecuperables las pelotas.
No lo dice así, pero piensa esto el ministro de Desarrollo Social de la Provincia, Carlos Arroyo. “Ningún chico es irrecuperable”, sostiene, y compromete a la sociedad en su conjunto en la tarea de rescatarlos (N. del R: la edición de Diagonales que contuvo esta nota ofreció, además, una entrevista a Arroyo).
Por su parte, el juez platense Ernesto Domenech, que ha dedicado muchos años de estudio a la problemática de la minoridad, advierte, de arranque, que "las afirmaciones genéricas no ayudan, porque cada chico es una singularidad que debe ser atendida". Y propone un ejercicio: "Habría que preguntarse qué ha sucedido con el Estado para que esa situación (que un menor mate a balazos a otra persona) haya sucedido; qué es lo que el Estado no hizo bien o dejó de hacer." El magistrado no cree que haya que salir corriendo a cambiar las leyes, sino que, primero, hay que hacer las cosas bien (mejor) en el marco normativo existente. "El problema es que no ha habido una política sostenida en nada. Y se intenta recurrir a respuestas que no solucionan nada. Una ley nueva, por ejemplo, pero ¿qué hacemos con la ley? ¿Hemos pensado qué es lo que podemos hacer mejor con la legislación que hay? Una comunidad no puede partir de que la culpa es de un tercero abstracto, como una ley. ¿No podemos repasar nosotros cuáles han sido nuestras equivocaciones? Una legislación aun defectuosa puede ser aplicada de manera correcta con resultados positivos, cosa que no ocurre cuando se culpa a la ley sin hacer nada. En una democracia, las reglas son importantes, pero más importante es lo que hacemos con ellas", plantea Domenech.
Frente a la dramática realidad de chicos sumergidos en la marginalidad y en la violencia criminal, no se promueve la elaboración de un plan nacional de emergencia que construya una red social y educativa de contención que se proponga recuperar a los pibes en riesgo y reconvertirlos en actores sociales sanos. No. El pánico a que la opinión pública le levante el banderín y la declare en off side -y mucho más en tiempos electorales- empuja a la clase dirigente a promover la salida más fácil: hay que bajar la edad de imputabilidad para poder encerrar a los malitos y que dejen de matar a los buenos.
¿Por qué el esfuerzo se concentra siempre en políticas represivas y no en políticas reparadoras de la matriz social desintegrada? ¿Una sociedad progresista no debería llamarse a un gran acuerdo nacional a favor de la niñez en riesgo? ¿No debería rebanarse los sesos pensando cómo optimizar recursos para poner en marcha un programa extraordinario y urgente de reconstrucción social que saque a los chicos de la calle? ¿La Nación, las provincias y los municipios no deberían fijarse ese objetivo como prioridad y trabajar a destajo hasta alcanzarlo en el menor tiempo posible, sin esperar que políticas de largo plazo surtan efecto sino generando un shock de inversión, un gigantesco operativo de recuperación de cada pibe que está en peligro y pone en peligro a terceros? ¿Hay algo más importante que hacer? ¿No debería proponerse salvar a los chicos de su propio destino y, así, al mismo tiempo, salvar a sus próximas víctimas? ¿O debería dejar morir una generación en el encierro? ¿Debería resignarse a apilar muertos sobre muertos?
Víctimas y victimarios
Durante el gobierno de Néstor Kirchner se derogó la ley de Patronato para comenzar el proceso que concluyó con la promulgación de una ley de protección integral de niños/as y adolescentes. Hoy, y no a partir del desgraciado caso Capristo, se abordan en el Congreso proyectos de ley de Régimen Penal Juvenil que centran el tema en el menor como sujeto de derecho, y no en la baja de la edad de imputabilidad.
Están quienes sostienen que es necesario ejercer sobre los menores que delinquen políticas de control más contundentes, una "solución" y reducción de la cuestión que sólo llevaría a encerrar el "futuro" pero no a resolver la cuestión. Es necesario tener presente que cuando un niño/a y adolescente está involucrado en una situación de violencia, de delincuencia, lo que está demostrando no es el fracaso de ellos como sujetos sociales, sino está demostrando el fracaso del mundo adulto que no supo contenerlo, darle oportunidades y cuidarlo por sobre todas las cosas.
Hay una tendencia a ligar el tema de la inseguridad, de la violencia, a los chicos. No cabe duda de que una sola situación ilegal en la cual esté involucrado un menor requiere una atención prioritaria, pero la culpabilización de los más chicos sirve a la victimización de esa sociedad adulta que es abandónica y de esto no hay rastro en los relatos que hacen los medios de comunicación masiva, como tampoco lo hay con respecto a los derechos de los niños/as y adolescentes que reconocen los tratados internacionales a los que la Argentina adhiere. El problema de la inseguridad no se lo puede ligar a los menores, en todo caso es una cuestión de los adultos.
En este sentido, no resolverá la cuestión el solo hecho de aprobar una ley, es necesario que la sociedad en su conjunto acompañe también las políticas públicas al respecto haciéndose cargo de la responsabilidad que le compete. Cuando un chico tiene un arma en la mano, es porque hubo un adulto que la puso en sus manos. Por otro lado, es necesario que haya un debido proceso cuando un menor comete un delito, pero también es urgente darle oportunidades de integración. Por ello, ¿qué mejor que reforzar las políticas socio-educativas como aporte y base sustentable de las políticas que contemplen la integración del menor?
Es necesario reenfocar a los niños y adolescentes que delinquen como parte del conjunto de la sociedad. La Ley 26.061 requiere ser complementada por una ley penal juvenil acorde a sus principios. Es por eso que es urgente realizar acciones de distinto nivel: legislativas, políticas, pedagógicas, sociales. Un chico que no está en la escuela en algún lado está. Es necesario, entonces, ir a buscarlo, garantizarle sus derechos sociales al acceso a la educación, uno de los ámbitos más propicios para promover la igualdad de oportunidades.
Se debe garantizar a los niños y adolescentes su permanencia en la escuela con medidas que faciliten el transporte, con becas, con mejoras en las condiciones, tanto materiales como pedagógicas, de enseñanza y de aprendizaje. Hay que poner un esfuerzo grande en la acreditación y el reconocimiento de saberes para el mundo del trabajo, la continuidad de estudios superiores y el deporte, superando los programas limitados para alcanzar propuestas masivas. No hay que temer convocarlos para tareas sociales de amplio alcance, como el cuidado del medio ambiente, la alfabetización y el combate contra las adicciones.
Irrecuperables las pelotas
La conmoción por el crimen de Daniel Capristo volvió a hacer tronar el reclamo de mano dura, durísima con los menores. Ahora, la sentencia popular (rubricada con ligereza espeluznante por muchos "comunicadores") llega al extremo de colocar a los chicos que cometen delitos graves en la categoría de enemigos públicos de por vida. Juicio sumarísimo y veredicto inapelable: "Estos pibes son irrecuperables".
Según esta conclusión, a los 11, 12, 13 o 14 años un chico puede ser considerado material de rezago, de descarte. No hay caso: no va a andar. Está quemado. No hay posibilidad de revertir un proceso que lo ha convertido en la encarnación más abominable del famoso inadaptado social. Y el Estado debe renunciar a su expectativa de devolverlo al camino virtuoso del desarrollo como individuo social; de devolverle la expectativa de tener una vida normal. En rigor, de crearle esa ilusión, porque difícilmente la haya tenido alguna vez un pibe que se droga desde los seis y mata a los 14. El Estado, se pide a gritos ahora, debe abstenerse de gastar pólvora en chimangos. Y debe despojar a estas lacras, in limine, de sus derechos esenciales como ciudadanos y, fundamentalmente, según dictan los pactos internacionales, como niños. Establece la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada en 1989 por la ONU, ratificada por el Congreso argentino en 1990 e incorporada a la Constitución Nacional en 1994: "El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensando todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente de forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a la que se atenderá será el interés superior del niño."
Pero no. "Que los encierren", se reclama a gritos. Sin más. ¿Para qué? Para que no estén sueltos, simplemente. Porque, otra vez: "Estos pibes son irrecuperables".
Ahora bien: si efectivamente son irrecuperables, ¿para qué mantenerlos vivos? ¿Para qué gastar pólvora en chimangos? ¿Por qué no destinar esa guita a la gente decente? Habría que matarlos y ya. Si están quemados. ¿Por qué no agregar la pena de muerte infanto-juvenil a la legislación penal?
Irrecuperables las pelotas.
No lo dice así, pero piensa esto el ministro de Desarrollo Social de la Provincia, Carlos Arroyo. “Ningún chico es irrecuperable”, sostiene, y compromete a la sociedad en su conjunto en la tarea de rescatarlos (N. del R: la edición de Diagonales que contuvo esta nota ofreció, además, una entrevista a Arroyo).
Por su parte, el juez platense Ernesto Domenech, que ha dedicado muchos años de estudio a la problemática de la minoridad, advierte, de arranque, que "las afirmaciones genéricas no ayudan, porque cada chico es una singularidad que debe ser atendida". Y propone un ejercicio: "Habría que preguntarse qué ha sucedido con el Estado para que esa situación (que un menor mate a balazos a otra persona) haya sucedido; qué es lo que el Estado no hizo bien o dejó de hacer." El magistrado no cree que haya que salir corriendo a cambiar las leyes, sino que, primero, hay que hacer las cosas bien (mejor) en el marco normativo existente. "El problema es que no ha habido una política sostenida en nada. Y se intenta recurrir a respuestas que no solucionan nada. Una ley nueva, por ejemplo, pero ¿qué hacemos con la ley? ¿Hemos pensado qué es lo que podemos hacer mejor con la legislación que hay? Una comunidad no puede partir de que la culpa es de un tercero abstracto, como una ley. ¿No podemos repasar nosotros cuáles han sido nuestras equivocaciones? Una legislación aun defectuosa puede ser aplicada de manera correcta con resultados positivos, cosa que no ocurre cuando se culpa a la ley sin hacer nada. En una democracia, las reglas son importantes, pero más importante es lo que hacemos con ellas", plantea Domenech.
Frente a la dramática realidad de chicos sumergidos en la marginalidad y en la violencia criminal, no se promueve la elaboración de un plan nacional de emergencia que construya una red social y educativa de contención que se proponga recuperar a los pibes en riesgo y reconvertirlos en actores sociales sanos. No. El pánico a que la opinión pública le levante el banderín y la declare en off side -y mucho más en tiempos electorales- empuja a la clase dirigente a promover la salida más fácil: hay que bajar la edad de imputabilidad para poder encerrar a los malitos y que dejen de matar a los buenos.
¿Por qué el esfuerzo se concentra siempre en políticas represivas y no en políticas reparadoras de la matriz social desintegrada? ¿Una sociedad progresista no debería llamarse a un gran acuerdo nacional a favor de la niñez en riesgo? ¿No debería rebanarse los sesos pensando cómo optimizar recursos para poner en marcha un programa extraordinario y urgente de reconstrucción social que saque a los chicos de la calle? ¿La Nación, las provincias y los municipios no deberían fijarse ese objetivo como prioridad y trabajar a destajo hasta alcanzarlo en el menor tiempo posible, sin esperar que políticas de largo plazo surtan efecto sino generando un shock de inversión, un gigantesco operativo de recuperación de cada pibe que está en peligro y pone en peligro a terceros? ¿Hay algo más importante que hacer? ¿No debería proponerse salvar a los chicos de su propio destino y, así, al mismo tiempo, salvar a sus próximas víctimas? ¿O debería dejar morir una generación en el encierro? ¿Debería resignarse a apilar muertos sobre muertos?
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